A pesar del sorpresivo y calculado golpazo que el Gobierno federal asestó el pasado 10 de octubre por la noche a los trabajadores de LyFC y a su organización sindical, el movimiento en defensa del Sindicato Mexicano de Electricistas SME, empieza a levantar banderas y activar consciencias.

El decreto de extinción y liquidación de LyFC, publicado en el Diario Oficial el 11 de octubre pasado, y carente de legalidad constitucional, es una solamente una mascarada jurídica para cobijar una decisión política de aniquilamiento del sindicalismo democrático y un medio para culminar las llamadas reformas estructurales, en una ofensiva total hacia la oposición al régimen autoritario.

La respuesta inicial de los combativos trabajadores electricistas y de su sindicato ha sido oportuna y prudente, para no caer en provocaciones, no obstante que la decisión de liquidar su empresa y echarlos a la calle, sin audiencia y juicio previos, fue una decisión indignante, contraria a la Ley y al desarrollo humano, más aún cuando se vive un desempleo brutal en el país.

Como muchos otros grupos sociales, los juristas, abogados democráticos y diferentes profesionales honestos del derecho decidimos mancomunar esfuerzos solidarios en defensa de los trabajadores electricistas, constituyendo un frente amplio, así como también lo hacen sindicatos y organizaciones sociales que están constituyendo dondequiera comités de defensa popular, cada quien por su lado, en tanto se articula un movimiento nacional.

Lo difícil siempre es empezar, pero las grandes adhesiones de solidaridad a favor de los electricistas están dando la pauta para construir dichos comités en todas partes, para que la lucha legal y social no se concentre en la ciudad de México, sino que se desparrame a todo el país y en todas las instancias jurídicas nacionales (CORTE, CNDH, PGR, JFCA, CONGRESO) e internacionales (OIT, CIDH, OEA, ONU).

Ante los sucesos los juristas recomendamos promover la controversia constitucional y los amparos individuales, entre otras acciones, en contra del Decreto y resulta que ayer 13 de octubre el Pleno de la Cámara de Diputados rechazó, por mayoría, aprobar un punto de acuerdo para promover una controversia constitucional en contra del Ejecutivo por invasión de funciones, con una votación de 356 diputados en contra, 34 a favor y 53 abstenciones, decidiendo turnar el caso a comisiones y por ende a su congelamiento.

La decisión no debe sorprendernos, la derecha triunfó en las pasadas elecciones y la izquierda electoral se desvaneció, existiendo hoy un Congreso ajeno a los intereses populares. No obstante la lucha parlamentaria es indispensable y que bueno por el grupo de legisladores que se pusieron la camiseta del pueblo, la camiseta del SME. Hay que seguir insistiendo. Mientras hay que apresurar los amparos, las denuncias penales, las quejas ante derechos humanos, los juicios laborales y el trabajo en los medios.

En ese tenor, la Unión de Juristas de México, que agrupa a más de 500 profesionales del derecho en el país, por conducto de su Comité Ejecutivo Nacional, da a conocer las recomendaciones siguientes:

Primero.- La suerte del movimiento electricista será la suerte del movimiento social del país, por ello, la firme voluntad y disposición de lucha de los electricistas es determinante para triunfar y revocar el Decreto, exigir la salida de la PFP y que restituya a los trabajadores en su empleo y derechos. Por ello, es recomendable jurídicamente que no se acepten las liquidaciones, porque invalidarían los recursos legales que se interpongan, debilitando su unidad sindical y la solidaridad popular que se viene logrando. Los derechos laborales son irrenunciables.

Segundo.- Es conveniente documentar y manifestar los actos de presión que vienen ejerciendo funcionarios y policías para obligar a los electricistas a prestar servicios personales subordinados sin su consentimiento, porque constituyen actos delictuosos que se deben condenar y denunciar ante el Ministerio Público Federal (PGR –MPF) y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como desmarcarse de las instalaciones ya que solamente el gobierno federal y la PFP son responsables de los que en ellas suceda.

Tercero.- Es importante que los electricistas se organicen para promover con prontitud los amparos laborales individuales en contra del Decreto, agrupados en demandas de preferencia de cien en cien, para facilitar su manejo y substanciación, acompañando la documentación original que acredite su carácter de trabajador y las pruebas de inconstitucionalidad del acto reclamado. Habría que presentar los amparos acompañados de una gran movilización mediática y social.

Cuarto.- Llamamos a las organizaciones sociales y espacialmente a los trabajadores de medios, TV, radio, Internet, radios comunitarias, redes de comunicación, revistas, periódicos impresos y otros similares a que emprendamos juntos en todo el país, la campaña ¡YO QUIERO A MI PATRIA, YO QUIERO AL SME!, demandando la solidaridad, la abrogación del Decreto y la reinstalación de los despedidos, y que pudiéramos acompañarla de listones, diademas, brazaletes, cartulinas, mantas u otros distintivos rojos con negro.

La lucha y la solidaridad es ahora, el triunfo vendrá después. Por la unidad clasista y popular a defender todos al SME.

¡POR EL DERECHO Y LA JUSTICIA AL SERVICIO DEL PUEBLO!